INOCENTES DE CANTABRIA
ASOCIACION MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACION
A.M.A.
Bienvenido a AMA aquí te informamos de aquellas situaciones donde la Administración ha Maltratado a ciudadanos, como las VICTIMAS de las viviendas con sentencias de derribo por CULPA del GOBIERNO DE CANTABRIA

Asociación Maltratados por la Administración


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CORREO


NO DERRIBOS,
GOBIERNO DE CANTABRIA
¡¡ C U L P A B L E !!

¡¡ Gobierno de Cantabria Solución !!, ¡¡ Revilla Solución !!, ¡¡ Las VICTIMAS pedimos Solución !!, ¡¡ Solución para cientos de inocentes VICTIMAS del Gobierno de Cantabria !!.

INOCENTES DE CANTABRIA
LEGALIZACIÓN O SOLUCIÓN RÁPIDA Y JUSTA

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PRÓXIMA REUNIÓN de la Asociacion AMA el día 7 de Mayo en LIENCRES a las 12 horas en los locales del AYUNTAMIENTO DE LIENCRES abierta a todos los vecinos,¡¡ACUDE!!.

* LA ADMINISTRACION CONDENADA por la justicia en 17 sentencias
, su solución tirar nuestras casa.

*AMA se forma con un objetivo claro LOGRAR UNA SOLUCION
para los que somos VICTIMAS de la ADMINISTRCIÓN

* SOLIDARIDAD ENTRE LOS AFECTADOS, sino la tenemos entre nosotros
¿cómo la podemos pedir a la sociedad?

* Somos más de 250 socios crecemos a un ritmo de 50 socios al mes
entre todos conseguiremos que RESPETEN NUESTROS DERECHOS

* APÚNTATE COMO SOCIO, por un euro simbólico al año

* Puedes LEER los ESTATUTOS de AMA, Pincha en ESTATUTOS AMA


LA ASOCIACIÓN
MALTRATADOS POR LA ADMISTRACION
NACE CON MAS DE 150 SOCIOS FUNDADORES

ACTUALMENTE SUPERAMOS LOS 250 SOCIOS

Entre los fundadores socios de mas 12 urbanizaciones de Cantabria, socios de Alava, Asturias, Burgos, Leon, Lugo,Valladolid, Vizcaya,

Para más información en mira actas, picha en actas AMA


LA ASOCIACIÓN UN MEDIO O INSTRUMENTO PARA TRABAJAR CONTRA ESTA INJUSTICIA

LA ASOCIACIÓN UN PUNTO DE ENCUENTRO Y SOLIDADRIDAD ENTRE TODOS LOS AFECTADOS.

*CARÁCTER NACIONAL
*ABIERTO A TODO EL QUIERA PARTICIPAR
*APROBADOS LOS ESTATUTOS
*LOS IMPULSORES: COMISIÓN DE PUEBLO DEL MAR I(ARGOÑOS), AMIGOS DE:

LAS LLAMAS I (ARGOÑOS)
LAS LLAMAS II(ARGOÑOS)
ENTREPLAYAS (ARGOÑOS)
LAS LLANA (ARGOÑOS)
LAS TORRES (ESCALANTE)
ENTRELINDES (LIENCRES)
EL ENCINAR (ARNUERO)


MARCHA A SANTANDER
ANDANDO DESDE TODAS LAS URBANIZACIONES

PEDIMOS: LEGALIZACIÓN O SOLUCIÓN JUSTA Y RAPIDA

COLABORA CON LA MARCHA,CON TU APOYO SEREMOS MAS DE 1000 VICTIMAS MANIFESTÁNDONOS

· LA MARCHA A SANTANDER EN JULIO DE 2005 ORGANIZA A.M.A., Y EXTENSIVA A TODOS LAS URBANIZACIONES QUE QUIERAN COLABORAR,

· SALIDA DESDE LAS URBANIZACIONES AFECTADAS, EN DOS ETAPAS ANDANDO HASTA SANTANDER, CON FINAL EN EL GOBIERNO DE CANTABRIA Y CONCENTRACIÓN FRENTE AL MISMO.
MÁS INFORMACIÓN EN ACTAS AMA



TRIBUNA LIBRE


· EN CANTABRIA SOPORTAMOS UNA ADMINISTRACION CONDENADA POR LA JUSTICIA EN 17 SENTENCIAS FIRMES, SU UNICA SOLUCIÓN ES DERRIBAR MÁS DE 500 VIVIENDAS DE INOCENTES.

· SOMOS REHENES DEL GOBIERNO DE CANTABRIA Y DE ARCA QUE NOS UTILIZAN PARA CONSEGUIR SUS OBJETIVOS, YA SEA CUOTAS DE PODER, SUBVENCIONES... O PRESIONAR A OTROS ESTAMENTOS.

· NOS SENTIMOS COMO LOS VECINOS DEL CARMEL, ESTO ES, LA ADMINISTRACIÓN CULPABLE, INOCENTES PAGAMOS SUS “ERRORES”

· ESTO TIENE SOLUCION, EN ALGUNOS CASOS INCLUSO SENCILLA, SOLO FALTA LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

· NUESTRO SUELO ES URBANO, SE PUEDE DAR LA PARADOJA, QUE NOS DERRIBEN Y LUEGO SE PUEDA CONSTRUIR EN EL MISMO SITIO E INCLUSO CON MÁS VOLUMETRIA, “ESTO ES DE LOCURA”.

· EXISTE UNA INSEGURIDAD JURÍDICA A LA HORA DE COMPRAR UNA VIVIENDA, YA QUE LAS DEMANDAS (ARCA no las registra, intencionadamente), Y NADIE SABE QUE SOBRE TU VIVIENDA PUEDE HABER UNA SENTENCIA DE DERRIBO.

· INDEFENSIÓN JURIDCA, AL NO SER PARTE, EN EL JUICIO, CONDENAN A LA ADMINISTRACIÓN, PERO LO QUE TIRAN ES NUESTRA VIVIENDA

· ARCA, NO RECIBE A LOS AFECTADOS A LOS INOCENTES DESPUÉS DE MUCHAS GESTIONES, NO TIENE LA CONCIENCIA TRANQUILA, SABEN QUE ÉTICAMENTE NO HAN ACTUADO CORRECTAMENTE.


ENVIADO DESDE LIENCRES POR EL AMIGO FERNANDO:

LOS INOCENTES PAGAN.A LOS CULPABLES NO SE LES PERSIGUE.
!!!DONDE ESTA LA JUSTICIA!!!

DERRIBAR NO PUEDE SER LA SOLUCION.
CASTIGUEN A LOS CULPABLES.

CUANDO NO HAY CATASTROFES, SE CREAN. ESTO, TAMBIEN, ES EL CARMEL

GOBERNANTES DE CANTABRIA, USTEDES TIENEN UN GRAVE PROBLEMA Y NO ESTAN TRABAJANDO EN ÉL.

SR. MIGUEL ANGEL PALACIOS, EN LA OPOSICION PIDIÓ LA CREACIÓN DE LA OFICINA DE AFECTADOS POR DERRIBO. AHORA EN EL PODER, ¡¡PARA CUANDO!!


LUIS MANUEL SERAS DESDE ARGOÑOS
POLÍTICOS Y GOBERNANTES DE CANTABRIA, PONGANSE A TRABAJAR, Y LEGISLEN LEYES PARA DAR UNA SOLUCIÓN POLÍTICA A SUS ERRORES URBANÍSTICOS. NOSOTROS "LOS COMPRADORES DE LAS VIVIENDAS" NO SOMOS LOS CULPABLES DE SU MAL HACER. ¿SOLUCIÓN? ¡¡¡¡¡¡¡¡ LEGALIZACIÓN !!!!!!!!
JOSE LUIS TRANCHE DESDE ARGOÑOS
¿LA FISCALÍA DE CANTABRIA QUÉ HA HECHO,QUÉ ESTÁ HACIENDO Y QUÉ PIENSA HACER PARA QUE SE CONDENE A LOS CULPABLES Y SE HAGA JUSTICIA CON LAS VÍCTIMAS?
FELIPE PEREZ DESDE TRAPAGA
LOS MALOS (HAN SIDO IDENTIFICADOS POR LA JUSTICIA), LOS DEMANDANTES (SE SUPONE QUE ARCA)..., ¿Y LAS VICTIMAS? CLARAMENTE IDENTIFICADAS, QUIEN SE ACUERDA DE ELLOS?
ANGEL MACIAS DESDE BARAKALDO
¿SE VAN A PERMITIR NUEVOS CASOS ARNUERO, DONDE GOBIERNO DE CANTABRIA Y AYUNTAMIENTO SE CULPAN MUTUAMENTE DEL FIASCO URBANÍSTICO?, ¿SEREMOS LOS CIUDADANOS LOS QUE PAGUEMOS SUS ERRORES?.
JOKIN DESDE VITORIA
"SOY VICTIMA DEL NEGOCIO POLITICO URBANISTICO EN CANTABRIA, DONDE SE "RECONOCE QUE EN AQUELLA ÉPOCA SE ENCONTRABAN TODOS METIDOS EN EL NEGOCIO" (José Luis Palacios, expresidente Junta Vecinos de Castillo-Arnuero y ex edil del PP, y primer teniente de alcalde de Arnuero)
IÑAKI DESDE ARGOÑOS
Yo siempre me he sentido como el que va comprar un traje de EMIDIO TUCCI al Corte Ingles y al salir por la puerta con él puesto alguien de la marca esa se lo quiere quitar por no se que problemas que tienen entre los dos .


ULTIMAS NOTICIAS
RESUMEN DE PRENSA


Santander 12-4-05

ARCA pide que la Fiscalía investigue las irregularidades urbanísticas Creen que debe nombrarse una fiscal especial de Medio Ambiente

EFE/SANTANDER

ARCA elogió ayer la disposición que le ha expresado la fiscal jefe de Cantabria, Pilar Martín-Nájera, a estudiar sus denuncias medioambientales y a impulsar aquellas en las que observe posibles delitos, por lo que ha decidido darle «un voto de confianza», aunque discrepe de su actuación hasta la fecha.

Pilar Martín-Nájera recibió ayer al presidente y al vicepresidente de ARCA, Gonzalo Canales y José Ángel Herrera, quienes querían transmitirle su desacuerdo con la posición que ha mantenido hasta ahora la Fiscalía de Cantabria en materia de medio ambiente y demandarle que investigue si existen responsabilidades penales en las irregularidades urbanísticas denunciadas por su asociación.

Los ecologistas se refirieron a casos concretos como las recalificaciones que permitieron construir las urbanizaciones de las playas de La Arena (Arnuero) y Cerrias (Piélagos) -sobre las que pesan sentencias de demolición, los vertidos de la depuradora de Renedo al río Pas o las modificaciones urbanísticas y legales hechas para permitir la construcción en el Parque Natural de Oyambre.

La asociación expresó además a Martín-Nájera su interés por que se acelere la creación de una fiscalía especial sobre medio ambiente en Cantabria y se potencie la actividad del fiscal en el campo contencioso administrativo.


Argoños 2-4-05

Platafoma Maltratados por la Administración

ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS

La Plataforma Maltratados por la Administración que cuenta con 150 socios fundadores de doce urbanizaciones de Cantabria, Álava, Asturias, Burgos, León, Lugo, Valladolid y Vizcaya.

Destarcar la presencia de vecinos de Arnuero, Escalante, Liencres y otros Ayuntamientos cántabros.

En el cargo de Pte. Antonio Vilela, y con Álvaro Gómez, como vicepresidente; José Joaquín Alfageme, en las funciones de secretario; Juan Luis Urrutia, como tesorero, así como trece vecinos que serán vocales

Según sus portavoces,

el principal objetivo es buscar soluciones a los afectados por las sentencias de derribo de sus viviendas

«y solicitar al Gobierno de Cantabria una solución rápida y justa,

a los ayuntamientos apoyo a sus vecinos

y a la justicia que dicte sentencias cercanas a la realidad».


Arnuero a 1 –4-05
Palacio dice que fue perseguido «por la licencia de El Encinar»
El ex edil del PP, y primer teniente de alcalde, asegura que fue destituido de su cargo porque se posicionó en contra del proyecto
ROBERTO ALONSO/CASTILLO
A principios de los años noventa, cuando se estaba tramitando en el Ayuntamiento de Arnuero la licencia de obra para construir los 144 apartamentos de El Encinar, en Isla, el concejal por aquel entonces y primer teniente de alcalde, José Luis Palacio (PP), fue destituido de su cargo.

Aunque todavía sigue reclamando explicaciones a los responsables del equipo de gobierno, encabezado por José Luis Rey Villa, inhabilitado políticamente desde hace unos años por los tribunales, Palacio asegura que su cese se debió a sus protestas por algunas decisiones que se tomaron referentes a actuaciones urbanísticas. «Entre ellas se encontraban la construcción de los 144 apartamentos en la playa de La Arena que yo considere ilegal en todo momento», explica Palacio, quien paso a formar parte, en la oposición, del grupo Plataforma Independiente de Cantabria.

El ex concejal también señala que calificó a los gobernantes municipales de «caciques rurales y corruptos, motivo por el que me interpusieron una querella por difamación que fue desestimada en el juzgado de Santoña y en los tribunales en Santander».

Depresiones

José Luis Palacio, que también ostentó el cargo de presidente de Junta Vecinal de Castillo durante unos años, indica que ha sufrido depresiones por la querella que le presentaron y persecución política. «Durante tres años he recibido llamadas de teléfono a mi domicilio a las cinco de la mañana para que dejase la política por considerar ilegales ciertas actuaciones urbanísticas, e incluso me tildaron de miembro del grupo terrorista Grapo». Esta situación fue denunciada por Palacio en la Guardia Civil y pasó al juzgado de Santoña. Y es que, otra de las iniciativas que denunció fue el cierre, por parte de unos vecinos con el consentimiento del Ayuntamiento, de un terreno en el barrio de San Pantaleón, en Castillo, propiedad de la parroquia y de la junta vecinal. El hecho fue denunciado en los tribunales, dice Palacio, y posteriormente el juez ordenó la demolición del cierre, ya que los terrenos pertenecían a la junta vecinal.

Desprecios

«En mi opinión querían utilizar la justicia para tapar sus errores urbanísticos, cuando al final yo estaba diciendo la verdad», declara este vecino de Castillo, quien además avanza que sufrió insultos, desprecios y mentiras desde el equipo de gobierno municipal.

Ante esta situación que ha vivido y después de conocer la ilegalidad firme de la construcción y de que las indemnizaciones morales a los propietarios deben ser pagadas con dinero público, procedente del Gobierno de Cantabria y la Corporación, Palacio dice que «las consecuencias políticas deberían ser pagadas por quienes concedieron los permisos ilegales, de tal forma que los responsables políticos no queden inmunes en estos fraudes».

Asimismo, el ex edil reclama a los miembros de la actual Corporación que en un pleno haga públicos los nombres de quiénes fueron los culpables del tema de 'El Encinar', ya que «algunos todavía forman parte del equipo de gobierno». Al mismo tiempo, adelanta que de no hacerlo o sí le desmienten, lo hará él y les convoca a debatir el asunto en los medios de comunicación.

Explicaciones

José Luis Palacio tampoco se olvida aún de pedir explicaciones sobre los motivos por los que le destituyeron como primer teniente de alcalde.

Respecto a José Manuel Igual, alcalde actual por el Partido Popular, Palacio sólo tiene palabras de agradecimiento por el trabajo honesto que está realizando, pero «a los estómagos agradecidos de la zona, incluido Castillo, que estuvieron contra mi en aquellos años, sólo les pido que no les dé verguenza cuando ahora les miro a la cara».

Santander 21-03-05

Protesta en Santander de vecinos de El Encinar y otras urbanizaciones Unas 200 personas reclamaron sus responsabilidades a las instituciones

ROBERTO ALONSO/SANTANDER

UNIÓN. Vecinos afectados de varias urbanizaciones en la concentración de ayer. / SE QUINTANA

La Plaza del Ayuntamiento de Santander acogió ayer, domingo, una nueva concentración de los vecinos de 'El Encinar', en Isla, que estuvieron arropados por ciudadanos de otros municipios afectados también con sentencias de derribo de sus viviendas, como sucede en Argoños, Escalante y Liencres, en Piélagos.

Cerca de doscientas personas se citaron ayer para reclamar la legalización de sus viviendas o en caso contrario que los políticos paguen con responsabilidades penales. En el acto reivindicativo, los vecinos mostraron pancartas con frases como '144 familias víctimas de la mafia del ladrillo', 'Legalización es la solución', 'Entrelindes, Liencres, Pacheco presenta el plan' y 'Pacheco. Legalización o vas a la cárcel', así como camisetas, banderas, globos y panfletos con el muñeco de inocentes.

También repartieron hojas informativas en las que califican su situación como «el mayor escándalo inmobiliario del Norte de España». En las octavillas figuran los integrantes de la Comisión Regional de Urbanismo que aprobó la recalificación del terreno sobre el que se construyeron sus 144 apartamentos, entre los que se encuentran Juan Badolato, ex director regional de Urbanismo y Vivienda, y Manuel Peláez, ex director territorial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo».

Dolores Gorostiaga

En cuanto al caso de Liencres, en Piélagos, uno de los afectados, José Sánchez Ramos, declaró que «la vicepresidenta del Gobierno regional, Dolores Gorostiaga, era concejal en la oposición cuando se aprobó por unanimidad el PGOU de este municipio que permitió una construcción ilegal de veinte viviendas».

En lo que se refiere a la posibilidad de que prescriban las responsabilidades penales, el presidente de la comunidad de El Encinar, Esteban Alday, señaló que «esto no hubiese sucedido si en 1994, con la primera sentencia, y ante posibles indicios de responsabilidad se hubiese investigado».

Marcha en julio

Los integrantes de la Plataforma 'Maltratados por la Administración' se reunirán el domingo, día 27, en Argoños, para organizar una marcha en el mes de julio que partirá de sus urbanizaciones, una por la parte oriental y otra por la occidental, y acabará frente a la sede del Gobierno regional.



Cartas al Director Diario Montañes publicada el 15-03-05

Los vecinos del Carmelo de Cantabria

Mª Luz Gallo González (Argoños) socia de A.M.A.

En la mañana del 27 de enero, la realización del túnel para prolongación de la línea 5 del metro de Barcelona, ha provocado el desalojo de los vecinos del Carmelo, un socavón de 35 metros de profundidad y 30 de diámetro pone en peligro cerca de 500 viviendas.

En el barrio del Carmelo están sufriendo el despropósito de la Administración que ha conseguido echarles de sus casas y derribar las mismas.

En estos momentos sentimos toda los solidaridad del mundo con los vecinos de Carmelo, nosotros comprendemos perfectamente su dolor, su impotencia, su rabia contenida, es duro, muy duro, que los que tiene que velar por tus derechos, por tu seguridad, sean los que te echen de tu casa.

En Cantabria soportamos como la Administración ha sido la condenada en 17 ocasiones por los Tribunales de Justicia, esto es, los que tienen que velar por nuestros derechos y por nuestra seguridad son condenados por los tribunales de justicia y lo quieren solucionar derribando más de 500 viviendas.

En el Carmelo, el túnel del metro ha sido el elemento físico que ha hecho que sus casas se agrieten, pero la realidad es que la imprevisión, las falta de medidas de seguridad, los estudio mal realizados, .... la corrupción en la Administración, todo ello han conseguido derribar sus viviendas.

En Cantabria la Administración ha socavado los túneles por debajo de las urbanizaciones con sus estudio de detalle mal realizados, las licencias de obras declaradas ilegales, con las resoluciones del Gobierno de Cantabria que no se cumplen, con una falta total de control y con ARCA, que ha encendido, a través de una Acción Popular indiscriminada en la que sólo importa el derribo, la mecha para la destrucción de nuestras viviendas.

El Conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat Joaquín Nadal prometía a los ciudadanos del Carmelo en sede parlamentaria una vivienda igual a la que poseían, esperamos de corazón que cumpla su palabra y de soluciones a los problemas de los vecinos del Carmel lo antes posible porque vivir en esta tensión perjudica gravemente a la salud, podemos dar fe de ello.

Aquí en nuestra tierra, demandamos de los líderes políticos el mismo nivel de compromiso y sensibilidad, con los afectados por los derribos, que el que están teniendo en Cataluña.

Al presidente señor Miguel Ángel Revilla, al Consejero Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Vicente Mediavilla, que realice las gestiones necesarias, que no cierren los ojos a una realidad que pide una solución ya.

De esta forma, la vía propuesta por el señor. Nadal puede ser un punto de encuentro, esto es, facilitar una vivienda igual a la que quieren derribar (por los 'errores' de los Ayuntamientos y del Gobierno de Cantabria), así como solucionar lo que sea posible.

Señor Revilla, con todo respeto, ustedes han creado este problema en Cantabria, ustedes tienen la responsabilidad de buscar soluciones.

DNI: 22.717.252-Z


CORREO 17-03-05 El presidente cántabro admite que pudo haber «fallos» en el caso de El Encinar de Arnuero

JOSU GARCÍA/BARAKALDO

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, admitió ayer que la administración regional pudo haber cometido «fallos» en el caso de El Encinar de Arnuero, la primera gran urbanización que fue condenada a derribo en la comunidad vecina y que atrapó a 144 familias, en su mayoría vizcaínas.

Revilla hizo estas declaraciones durante una comparecencia pública en la que afirmó que su equipo jurídico «estudia» la posibilidad de que la institución recurra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que responsabilizó de forma solidaria al Gobierno y al Ayuntamiento de aquel «despropósito urbanístico», como lo llamó ARCA.

Revilla aseguró que, de presentarse el recurso ante el Supremo y no prosperar, el Gobierno cántabro haría frente «a los compromisos y a los fallos» que se hayan podido cometer desde la administración.

DIARIO MONTAÑES

Arnuero 17-03-05

El Gobierno cántabro no descarta recurrir la sentencia de El Encinar Revilla matiza que el fallo se deriva de un proceso que «no es responsabilidad de este Ejecutivo ni del anterior»

El Gobierno de Cantabria no descarta recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) sobre la urbanización El Encinar, de Arnuero. La decisión dependerá del informe que emitan los servicios jurídicos, que actualmente estudian la sentencia. En cualquier caso, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, recordó ayer que el Ejecutivo apoya «los recursos que sea preciso presentar, siempre que estén razonados».

Tras aclarar que la sentencia se deriva de un proceso «de hace muchísimos años», que «no es responsabilidad de este Gobierno ni del anterior», insistió en que los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia presentarán «dentro de unos días» el informe de interpretación de la sentencia, en virtud de la cual el TSJC determina que el Ayuntamiento de Arnuero y el Gobierno regional deben indemnizar a los propietarios de las viviendas por daños morales.

Del mismo modo, aseguró que si la situación «llegara a las últimas consecuencias y los recursos no prosperasen», la Administración tendrá que «hacer frente a los compromisos y a los fallos que cometa».

Preguntado por la posibilidad de que en adelante se fallen nuevas sentencias en líneas similares por otras urbanizaciones con sentencia de derribo, el presidente reconoció que es «posible», pero recalcó que los acuerdos fueron tomados en la entonces Comisión Regional de Urbanismo, de la que él formó parte, «con los informes favorables de todos los órganos de asesoría».

De todas maneras, se mostró «totalmente tranquilo» y destacó que desde la modificación de la Ley del Suelo se ha modificado «totalmente» la CRU, hoy Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, «dándole carácter mucho más técnico y mucho más profesional» e integrando a «todas las instituciones competentes» en la materia, por lo que resulta «mucho más difícil que se puedan cometer fallos».

«Ahora la Comisión Regional de Urbanismo es un organismo con una cualificación técnica impresionante que hace muy difícil que pueda haber sentencias en contra de las resoluciones que tome, porque tiene expertos muy cualificados en la materia», agregó Miguel Ángel Revilla.


ARNUERO 16-03-05

144 familias llevan al Supremo su lucha para ser indemnizadas por los derribos en Arnuero

Tachan de «irrisorias» las compensaciones fijadas por el perjuicio moral y rechazan esperar a la demolición para cobrar por los daños materiales «No pararemos hasta ver a los culpables en prisión», advierten

JOSU GARCÍA/SANTANDER

OPINION/Quebranto moral

Los 144 propietarios, en su mayoría vizcaínos, de la urbanización El Encinar de Isla (Arnuero) anunciaron ayer que recurrirán ante el Supremo la sentencia dictada la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre las compensaciones que deberán recibir por los daños morales ante el derribo de sus viviendas.

En una decisión sin precedentes, los magistrados responsabilizaron por primera vez al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Arnuero de que los apartamentos tengan que ser demolidos y fallaron que ambas administraciones deberán indemnizar, por el momento, con entre 9.000 y 12.000 euros a una decena de los afectados.

No obstante, la resolución judicial no satisface las exigencias de los damnificados, que ayer ofrecieron su valoración particular de un fallo que sienta un precedente para las otras 16 urbanizaciones que están abocadas a ser pasto de las excavadoras en Cantabria.

«Hemos recibido esta tímida decisión de los jueces con gran estupor y desencanto, porque no aporta solución alguna y sólo prolonga nuestro sufrimiento», afirmaron los portavoces de la comunidad.

Acompañados de sus abogados, los representantes de las 144 familias comparecieron en Santander para desgranar los pormenores de la sentencia.

En el lado positivo de la balanza, los vecinos de El Encinar colocaron el hecho de que, por primera vez, se señale «a los culpables de la infinita agonía que padecemos», en clara alusión al Consistorio y al Ejecutivo. «Sentimos una agria satisfacción por ello», expresaron.

Asimismo, se felicitaron de que, por un lado, se haya reconocido el daño moral causado a los afectados y que, por otro, el tribunal haya dado traslado a la Fiscalía del caso, al encontrar indicios de delito en la actuación de los miembros del órgano de planeamiento urbanístico del Gobierno cántabro a la hora de recalificar el suelo.

No obstante, a juicio de los afectados, los jueces no han ido hasta el fondo en ambos asuntos. «La cuantía de las compensaciones fijadas es cicatera e irrisoria; no enjuga de ninguna manera nuestro sufrimiento», aseguraron. Al mismo tiempo destacaron que «no se tipifica qué tipo de delito se ha podido cometer y si éste ha prescrito en la actualidad». En este sentido, calificaron el traslado de la causa al ministerio público de «brindis al sol». Con todo, advirtieron de que «no descansaremos hasta ver a los culpables en la cárcel».

Familias «cautivas»

Tras repasar el lado «positivo» del fallo, los damnificados pasaron a analizar los aspectos «más decepcionantes», los que les han llevado a recurrir. En primer lugar, el colectivo no está en absoluto de acuerdo con que el pago por los daños materiales del derribo se haga efectivo cuando se consume la demolición.

«Los jueces no entienden que mis clientes son ahora mismo rehenes, cautivos que no pueden vender ni hipotecar sus casas», se desesperaba el abogado Miguel Rodríguez Viadas, quien entiende que las compensaciones se deberían pagar «de inmediato».

A su vez, el letrado expresó su «malestar» porque el tribunal haya distinguido entre las familias que escrituraron antes y después de la sentencia de derribo de 1994, a la hora de resarcir los daños morales.

A su juicio, todos compraron con anterioridad al fallo condenatorio, aunque fuera mediante un contrato privado de venta. En este sentido, recordó que las familias se vieron envueltas en «una trampa», ya que se les amenazó con perder las cantidades adelantadas si desistían en la transacción.


SANTANDER a 16-03-05

«ARCA pagará el precio por convertirse en grupo de presión» Los afectados atacan a los ecologistas y anuncian nuevas movilizaciones

Josu García./SANTANDER

La serenidad con la que los representantes de las 144 familias de la urbanización El Encinar de Arnuero comparecieron ante los medios de comunicación sólo se vio alterada cuando su portavoz, Mercedes Díaz, aludió de forma directa a la asociación ecologista ARCA, la misma que denunció este caso y que ha cosechado otras 16 sentencias de derribo en Cantabria por la ilegalidad en la concesión de licencias de obra.

En el momento preciso en el que Díaz citó el nombre del grupo conservacionista, sus ojos se enrojecieron y el torrente de su voz se convirtió en un hilo ahogado, a medio camino entre la rabia y la emoción por el recuerdo de los padecimientos sufridos durante los últimos once años.

«Gracias a 144 familias inocentes ARCA está dando, por fin, el paso de convertirse en un grupo de presión, que es lo que siempre ha perseguido con su máscara de falso ecologismo», aseguró la portavoz. «Pero no les va a salir gratis porque, el sucio precio que han pagado para convertirse en un grupo político, pesará siempre bajo sus conciencias», advirtió Díaz, visiblemente afectada.

Brindar «con champán»

La portavoz prosiguió su ataque contra la asociación. «Encima tienen la desfachatez de decir que brindarán con champán cuando derriben nuestras casas», apostilló. Los ecologistas rechazaron entrar en «polémicas». «No vamos contra las familias. Sólo queremos proteger los recursos naturales», indicaron desde ARCA.

Díaz cedió el testigo al otro portavoz, Esteban Alday, quien avanzó las movilizaciones que desarrollarán los afectados a partir de ahora para exigir «la legalización» de sus viviendas, que es lo «único que en definitiva reclamamos». Las 144 familias se concentrarán el domingo a partir de las 12 horas en la plaza del Ayuntamiento de Santander e invitan a todas las urbanizaciones condenadas a derribo a instalar banderas con «el monigote de inocentes» en tejados y fachadas para denunciar una situación que afecta a 400 familias, en su mayoría vizcaínas. Esta lacra podría extenderse aún más, porque «nadie está a salvo en Cantabria», advirtió Alday.


Arnuero 16-03-05

La Fiscalía estudiará si han prescrito los delitos antes de abrir diligencias

El TSJC acordó poner en su conocimiento la actuación de los responsables de la antigua Comisión de Urbanismo

EFE/SANTANDER

La Fiscalía estudiará si han prescrito o no las responsabilidades por posibles delitos en la ecalificación de los terrenos de la playa de La Arena que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha acordado poner en su conocimiento, antes de decidir si abre una investigación al respecto.

Fuentes de la Fiscalía de Cantabria indicaron ayer que el tribunal todavía no ha remitido al Ministerio Público la causa para que analice si los miembros de la Comisión Regional de Urbanismo (CRU) en 1990 delinquieron al aprobar las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Arnuero.

Investigación

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha decidido poner en conocimiento del Ministerio Fiscal esa decisión de la CRU porque observa en ella indicios de delito, «por el modo en que llevó a cabo y por la ilegal y arbitraria clasificación como suelo urbano de terrenos que carecían por completo de ese carácter, contrariando informes técnicos obrantes en el expediente».

Si se prueba que la CRU recalificó esos suelos de forma arbitraria y siendo conocedora de la ilegalidad de su decisión, sus miembros podrían ser acusados de un delito contra la ordenación del territorio, recogido en los artículos 320.1, 320.2 y 404 del Código Penal.

Ese delito castiga con penas de seis meses a dos años de cárcel y de siete a diez años de inhabilitación a «la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor» de proyectos de edificación o de licencias «a sabiendas de su injusticia» .

Actuación penal

Fuentes de la Fiscalía indicaron que, cuando reciban la causa, investigarán si en los más de 14 años transcurridos desde entonces ha habido alguna actuación de índole penal que haya interrumpido los plazos de prescripción de los posibles delitos.

Si es así, añadieron las fuentes, la Fiscalía podría tener base para abrir por sí misma unas diligencias informativas o para remitir directamente los hechos al Jugado de Instrucción competente.

Pero si considera que los hechos no constituyen delito o que, constituyéndolo, han prescrito, recomendará el archivo de las actuaciones, según indicaron estas mismas fuentes.


OPINION/Quebranto moral

SANTIAGO GONZÁLEZ

/Las 144 familias que en mala hora decidieron invertir unos ahorros en la famosa urbanización de Arnuero van a recurrir ante el Supremo la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Cantabria, según la cual, los que compraron sus viviendas antes de 1994 tienen derecho a una indemnización por daños morales de 12.000 euros, si es su vivienda habitual y de 9.000 si es su segunda residencia.

La frontera viene marcada por la fecha de la sentencia favorable a la denuncia de la asociación ecologista ARCA que condenaba a ser demolidas las viviendas de 'El Encinar'. Aunque la sentencia no ha satisfecho a los propietarios, especialmente a los más recientes, es un precedente de interés en este desdichado asunto, porque quebranto moral ha tenido que suponer para los afectados esa incertidumbre planeando sobre las familias cada fin de semana, cada Semana Santa, cada agosto.

A ver quién le saca gusto a la paella o a la barbacoa de los sábados. Luego están los daños materiales, que también son morales si bien se mira. Cuando se pierde una cantidad importante de dinero, lo más probable es que le entre a uno como una basurita en el alma.

Eso sí que es tristeza moral y no la 'post coitum'.La misma sentencia, sin embargo, se negaba a valorar los daños materiales hasta que llegue la hora de la piqueta y ese será otro calvario. ¿Cómo valorará el tribunal las viviendas? ¿Por el precio que costaron en los primeros años 90 o por el valor de mercado que tengan en el momento del derribo?Digámoslo una vez más: entre un lugar protegido y el comprador de buena fe hay una cadena de intermediarios responsables: constructores, en primer lugar y, especialmente el Ayuntamiento de Arnuero, el arquitecto municipal y el Gobierno regional, responsables de las licencias y de proporcionar seguridad jurídica a los compradores.

Se comprende que ninguno de los 144 perjudicados tenga entre sus proyectos vitales afiliarse a ARCA, pero no tiene razón su portavoz al arremeter contra los ecologistas; lo único que han hecho es invocar la legalidad y usar los procedimientos del Estado de Derecho.


Arnuero 16-03-05 Los vecinos de El Encinar recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo

Califican el fallo del TSJC en su conjunto como negativo por la inseguridad jurídica que se crea en la responsabilidad patrimonial de los afectados

ROBERTO ALONSO/SANTANDER

La Fiscalía estudiará si han prescrito los delitos antes de abrir diligencias «A la cárcel los responsables políticos» Los vecinos de la urbanización El Encinar, en la playa de La Arena de Isla, presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por la que se condena al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Arnuero a indemnizarles por daños morales entre 9.000 y 12.000 euros.

Esta idemnización se ha fijado por la situación que vienen padeciendo durante once años, tras conocer el fallo de demolición dictado por el TSJC en 1994 de sus 144 apartamentos. Así, lo anunció ayer el abogado de este colectivo de afectados, Miguel Rodríguez Viados, en la conferencia de prensa ofrecida en el hotel Bahía, en Santander, y en donde se podían ver pancartas con el muñeco de inocentes. Con anterioridad pedirán varias explicaciones a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC sobre el contenido de la sentencia.

El jurista calificó en su conjunto la sentencia como negativa, dada la inseguridad jurídica que se crea en la acción de responsabilidad patrimonial de los vecinos afectados contra la Administración que, por ahora, no pueden cobrar por los daños materiales que demandan hasta que se no se ejecute el derribo. «Han padecido una daño real, pero no efectivo, y es un despropósito que no se les pague por los daños materiales existentes, ya que su vivienda no sirve de aval para adquirir otra y tampoco la pueden alquilar», señaló Miguel Rodríguez, quien avanzó que se presentan dos procesos por delante, uno por los daños morales, ya que en su opinión son injustas las cantidades y la diferenciación que se realiza entre los propietarios, y otra por los daños materiales, que considera que se deben resolver ahora y no esperar a la demolición.

Desde el bufete de abogados no entienden que los daños morales sólo se apliquen a quienes ya conocían la sentencia de derribo en el año 1994 y se desprecie a quienes compraron la vivienda posteriormente.

Carta

En lo que se refiere a este aspecto, una vecina, Mercedes Díaz, señaló que la filial de Cenavi, la promotora Inarsa, les remitió una carta tras salir a la luz la primera sentencia de derribo en 1994, en la cual se señalaba que «no nos devolvían el dinero invertido, alrededor de 36.060 euros, y nos reclamaban que fuésemos pagando el resto, porque en caso contrario nos quedábamos sin el apartamento». La carta, indicó, se pondrá en manos del Ministerio Fiscal.

En cuanto a las posibles responsabilidades penales que investigará el Ministerio Fiscal, el abogado añade que el fallo del TSJC debería especificar más y que esta actuación se debió llevar a cabo a principios de los años noventa, cuando se anulan las Normas Subsidiarias de Arnuero, y no en el presente. «Estimo que la investigación sólo se llevará a cabo contra los miembros de la Comisión Regional de Urbanismo en la época en que Juan Hormaechea gobernaba Cantabria, ya que el Ayuntamiento de Arnuero no calificó El Encinar como suelo urbano, sino que fue la entonces Comisión Regional de Urbanismo en contra de los informes de los técnicos que obraban en el expediente. El presidente de la comunidad de vecinos, Esteban Alday, indicó que la construcción de estas viviendas se aprobó tres días antes, y de forma urgente, de que Juan Hormaechea dejase de ser presidente.

Cuando se preguntó a los vecinos sobre quiénes formaban la CRU en aquellos años, Esteban Alday comentó que son identificables, muy conocidos y que ya los han echo público por medio de panfletos informativos.

Como aspecto positivo del fallo, el abogado señaló la condena a partes iguales a las dos Administraciones, Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria, ya que sí sólo condena a la Corporación municipal, debido a su escaso presupuesto, tal vez no podría correr con las indemnizaciones a los afectados.



DIARIO MONTAÑES noticias sábado y domingo 12 y 13 de Marzo Argoños

El Ayuntamiento inicia el expediente de derribo de151 viviendas En cumplimiento de diversas sentencias judiciales

El Ayuntamiento de Argoños ha iniciado en las últimas horas el expediente de derribo de 151 viviendas en el municipio, en cumplimiento de diversas sentencias judiciales del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Concretamente, el Ayuntamiento ha presentado a exposición pública el pliego de condiciones jurídico-administrativas y el anuncio del concurso, mediante procedimiento abierto, para contratar los trabajos de redacción del proyecto de demolición.

El precio del contrato asciende a 44.022 euros, al que podrán optar aquellas empresas que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, entre otros requisitos.

Las ofertas podrán presentarse personalmente hasta finales del presente mes, en la Secretaría del Ayuntamiento de Argoños, o bien remitidos por correo dentro del plazo. La Mesa de Contratación estará integrada por el alcalde de Argoños, Joaquín Fernández, en calidad de presidente, mientras que de vocales actuarán dos concejales, un técnico y el secretario municipal. El plazo de ejecución de los trabajos será de cuatro meses como máximo, si bien antes de la finalización de este período podrá prorrogarse el contrato por mutuo acuerdo.


Cantabria

Isla"El fallo es negativo en lo sustancial"R. A./ARGOÑOS

"El fallo es negativo en lo sustancial, ya que a pesar de que se reconocen los daños morales no se recogen los materiales.

No lo entiendo, cuando existe una propiedad el daño se produce aunque no se ejecute el derribo". Así, lo declaraba ayer José Vilela, afectado por una sentencia de demolición en la urbanización Pueblo del Mar 1, en Argoños, y fundador, junto a su Comunidad, de la Plataforma 'Maltratados por la Administración',

una iniciativa que pretende unir a todos los afectados.Vilela añadió que las cantidades por daños morales son "irrisorias" y lo compara con las cifras y la rapidez con las que se ha indemnizado a los vecinos de El Carmel, en Barcelona.

Sin embargo, ve con buenos ojos que se investiguen las responsabilidades penales de un hecho tan grave.Este vecino considera que a El Encinar les ha maltratado el Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria y ahora la Justicia.


Isla

Indemnizaciones irrisorias

Los propietarios de El Encinar, en Isla, aseguran que sufren estrés postraumático Los vecinos valoran de forma positiva que se investiguen las responsabilidades penales

ROBERTO ALONSO/ISLA

"El fallo es negativo en lo sustancial" ESTEBAN SANTURCE / "Igual a las compañías de seguros" FÉLIX SESTAO / "Los daños morales aumentarán" MERCEDES TORRELAVEGA / "La sentencia da una de cal y una de arena"

Insignificante, tacaños, irrisorias, incomprensible y un insulto al ciudadano de a pie son algunos de los adjetivos con los que los vecinos de El Encinar calificaban ayer, en Isla, donde pasan el fin de semana, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que les concede entre 9.000 y 12.000 euros de indemnización por los daños morales padecidos durante once años, tras conocer el fallo de derribo de sus 144 apartamentos en el año 1994.

Y es que un estudio elaborado por psicólogos de la Universidad de Deusto ha diagnosticado que estos ciudadanos sufren estrés postraumático. Ellos aseguran que padecen angustia, insomnio, rabia, incertidumbre, tortura física y psíquica, además de las movilizaciones y reivindicaciones que han tenido que realizar, perdiendo su tiempo de ocio y descanso. "Y no hemos querido incluir a nuestros hijos, cuando algunos con cuatro años han estado en concentraciones y repartiendo panfletos informativos", señaló Esteban Alday.

"Me he sentido estafado, me han jodido los ahorros y hemos estado desprotegidos por la Administración y la justicia". Así se expresaba un vecino de Baracaldo que lleva 25 años veraneando en Isla con su familia, cuando intentaba buscar tranquilidad. Ayer mostraba su indignación y reclamaba que le devolviesen la inversión que ha realizado.

La comunidad de vecinos de El Encinar seguía analizando ayer esta primera sentencia del TSJC y no comprendían que existiesen diferencias en que unos cobrasen y otros no y un grupo cobre más "cuando el sufrimiento es igual para todos, aunque sea de primera o segunda ocupación".

Mercedes, una vecina de Torrelavega, comentaba que para Cantabria es preferible que se legalice, antes de pagar con el dinero de todos los cántabros.

Los políticos

En lo que sí han demostrado su satisfacción es en el hecho de que el Ministerio Fiscal investigue las posibles responsabilidades penales de los políticos que recalificaron los terrenos, algo que siempre han demandado los vecinos de esta urbanización desde que conocieron la primer sentencia de derribo en 1994, aunque Félix San José y Mercedes consideran que "se debió hacer cuando ocupaban aún el cargo, ya que son nombres muy conocidos".

En el caso de un vecino de Baracaldo, que prefirió no dar su nombre, le parece perfecto la investigación, pero no le consuela, porque sigue teniendo el problema.

Respecto al futuro esperan que los daños morales sean más extensivos, que exista justicia y una indemnización total justa, comentaban ayer el grupo de vecinos.


Arnuero

Los vecinos de El Encinar dicen que no se satisface su sufrimiento El Ayuntamiento recurrirá la sentencia del TSJC que le condena El consejero de Urbanismo dijo que "con el POL no se volverá a repetir" ROBERTO ALONSO/ARNUERO

La comunidad de vecinos de la urbanización El Encinar, en Isla, realizaron ayer una rápida valoración y expresaron que "la sentencia no satisface mínimamente el sufrimiento de once años, si bien queremos mostrar una agria satisfacción porque, por primera vez, se reconocen los daños morales". Sin embargo, los afectados califican la cantidad como "ínfima" y rechazan que se excluya a las personas que no tuvieron más remedio que escriturar sus viviendas después de conocer la sentencia, ya que "estaban obligados legalmente por un contrato de compra-venta con la filial de la constructora Cenavi".

Por este motivo, mostraron su estupor porque "la Justicia nos trata como ladrillos al dictar sentencias salomónicas que no tienen en cuenta que somos familias". Además, añaden que "la sentencia no aporta soluciones para que puedan obtener la reparación de los daños provocados por el derribo de las viviendas y se niega una indemnización que nos permita adquirir otra vivienda, al mismo tiempo que se alarga la agonía que vivimos".

Los propietarios consideran importante que la Sala ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal estos hechos para que se investiguen las responsabilidades penales, puesto que han pedido que "los culpables de este despropósito urbanístico vayan a la cárcel". "Parece que alguien ha tenido sentido común y aprecia indicios de delito en la actuación de la CRU por la forma en que se llevó a cabo la ilegal y arbitraria clasificación como suelo urbano de estos terrenos", dicen los vecinos.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Arnuero recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que le condena al 50 por ciento junto al Gobierno regional a indemnizar por daños morales a 126 propietarios de los 144 de los apartamentos de la urbanización El Encinar. Así lo anunció ayer el alcalde, José Manuel Igual (PP), quien señaló que la tesis de la Corporación no ha sido compartida por el tribunal, "ya que en su opinión el único responsable es la Comisión Regional de Urbanismo que aprobó unas Normas Subsidiarias que después fueron anuladas en 1993".

La Corporación se debe reunir con los responsables del Ejecutivo autonómico y los vecinos "para llegar a un acuerdo y evitar una marcha judicial tan larga". Igual considera que se debe llegar a un acuerdo económico con los propietarios en el que el peso de las indemnizaciones recaiga en el Gobierno regional, debido a que el presupuesto municipal es escaso, ronda en el 2005 los 2.404.48 euros (sobre 400 millones de pesetas). De todos modos, el Consistorio ya ha destinado en varios años alrededor de 480.809 euros (80 millones de pesetas) para financiar la demolición de la urbanización El Encinar.

El regidor municipal también ha adelantado que le parece justo que los vecinos sean compensados por los daños morales y avanzó que desde la sentencia ya existe un daño material y se debe indemnizar a los afectados antes de que se ejecute el derribo.

Razón

José Manuel Igual mostró su satisfacción por no tener que indemnizar a la constructora y a la promotora, Cenavi e Inarsa, con 365.059 euros. "El tribunal nos da la razón por paralizar la construcción cuando conocímos la primera sentencia de derribo, existían 102 apartamentos y no se permitió edificar los 42 restantes, de los que sólo queda la estructura. Actuamos correctamente porque en caso contrario se debería indemnizar ahora a las 144 familias".

El consejero de Presidencia, Urbanismo y Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla (PRC), declaró que "gracias al POL disparates como éste, de clasificar como suelo urbano un encinar costero, no se producirán nunca. El POL garantiza la seguridad jurídica y los cántabros tienen que estar seguros de que estas situaciones no se volverán a producir, por eso en la normativa de protección del litoral las zonas que requieren un ámbito de protección como un encinar aparecen claramente protegidas".

Arnuero Gobierno y Ayuntamiento, condenados a indemnizar a los afectados de La Arena El TSJC considera a ambas administraciones responsables de los daños causados a los propietarios El sufrimiento de los afectados por la sentencia de derribo será compensado con 12.000 y 9.000 euros CONSUELO DE LA PEÑA/SANTANDER DERRIBO. La urbanización de El Encinar está construida en un bello paraje próximo a la

El fiscal investigará a la CRU por no escuchar a los técnicos Un largo proceso judicial El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Arnuero tendrán que indemnizar solidariamente a los 124 afectados por la sentencia de derribo de 144 apartamentos situados la playa de La Arena, construidos a principios de la década de los 90 y en su mayoría ocupados por familias del País Vasco como segunda vivienda.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria reconoce que se han producido a los propietarios perjuicios materiales y morales, derivados de la ilegalidad de la licencia de construcción de la urbanización, que deben ser indemnizados por las dos administraciones responsables. Pero no al mismo tiempo.

Así, el tribunal dice que sólo el día que las palas entren en la urbanización para proceder al derribo podrá cuantificarse exactamente el daño material y, por lo tanto, será ese el momento de determinar la indemnización.

El sufrimiento psicológico es otra cosa. La Sala entiende que los perjuicios morales derivados de los problemas psicológicos que la orden de demolición ha provocado en los afectados, sí es evaluable en este momento, cuando la urbanización permanece aún en pie.

El tribunal reconoce que desde que el TSJC dictó la primera sentencia en mayo de 1994, los propietarios han vivido "la zozobra, inquietud, inseguridad y amenaza cierta por la pérdida de sus viviendas", lo que ha supuesto "un indudable sufrimiento moral" para estas familias, que ha permanecido a lo largo de estos años y que es "susceptible de ser indemnizado a la fecha presente porque dichos daños están ya consumados".

El valor del sufrimiento

Pero, ¿cómo se cuantifica el sufrimiento, cómo se resarce a quien durante once años y medio ha vivido con esta espada de Damocles pendiendo sobre su casa?

Aquí el tribunal distingue entre quienes compraron su vivienda antes de que la Sala ordenase tirar lo ilegalmente construido, y quienes lo hicieron con posterioridad, para concluir que sólo es resarcible el sufrimiento moral de los que suscribieron sus contratos de compraventa antes de la sentencia. Por el contrario, al grupo de propietarios que adquirieron sus inmuebles con posterioridad les niega este derecho. ¿Por qué? porque compraron "asumiendo el riesgo de que se trataba de inmuebles litigiosos, pendientes de que se declarara la definitiva firmeza de una orden de demolición ya recaída en primera instancia (...) asumiendo por tanto las consecuencias que pudieran derivarse del mismo, incluidas las negativas repercusiones psicológicas".

Un millón de euros

La Sala gradúa la indemnización del primer grupo de afectados atendiendo a la circunstancia de que se trate de primera o segunda vivienda, y establece 12.000 euros para el primer caso y 9.000 para el segundo, por lo que la indemnización global por este concepto podría superar ligeramente el millón de euros.

Esta cantidad tendrá que ser abonada al 50 por ciento por el Gobierno y el Ayuntamiento, porque ambas son responsable de la ilegalidad de la urbanización. La Sala dice que la licencia se anuló porque los terrenos sobre los que se levantó la urbanización no reunían las condiciones de suelo urbano, y no por haber sido anuladas las Normas Subsidiarias, que en aquel momento no estaban en vigor. Pero corresponsabiliza de la ilegalidad al Gobierno regional porque la Delimitación de Suelo Urbano, instrumento urbanístico sobre el que se basó la licencia, no sólo fue aprobada por la corporación municipal, sino que recibió la aprobación definitiva de la Administración regional.

En otra sentencia el TSJC desestima la reclamación de 17,3 millones de euros interpuesta contra el Gobierno y el Ayuntamiento por la promotora de la urbanización, Inmobiliaria Arnuero, y por la constructora CENAVI, propietaria del 60 por ciento del capital de la anterior. En el caso de Inmobiliaria Arnuero se reconoce que ha sufrido un "demérito patrimonial" que tendrá que ser valorado cuando se ejecute el derribo. En cambio, deniega cualquier indemnización a CENAVI.

Arnuero

El fiscal investigará a la CRU por no escuchar a los técnicos

C. DE LA P./SANTANDER

Sostiene el tribunal que hay que investigar por la vía penal por qué los miembros de la Comisión Regional de Urbanismo hicieron caso omiso de los informes técnicos y convirtieron en suelo urbano un encinar para levantar una urbanización de 144 apartamentos en un paraje privilegiado.

Por eso, la Sala de lo Contencioso Administrativo, que preside Teresa Marijuán, va más allá de la propia responsabilidad patrimonial de las administraciones regional y municipal para remitir al fiscal testimonio del caso: la aprobación en 1993 de unas normas subsidiarias, que clasificaron de manera "ilegal y arbitraria" como suelo urbano un encinar, en contra de "los informes técnicos".

En aquella etapa Juan Hormaechea ocupaba la presidencia del Gobierno y el titular accidental de Obras Públicas, tras el cese de José Parra, era David Puebla. La CRU, que la Sala pone ahora en el ojo de mira, estaba presidida por Juan Badolato y su secretario era José Emilio Misas.

Badolato, actualmente técnico d Obras Públicas, declaró ayer a este periódico que está tranquilo, porque los acuerdos de la CRU se se tomaban "colegiadamente" y pensando siempre en su legalidad.

Arnuero

Los vecinos de El Encinar se concentran el día 20 en Santander ROBERTO ALONSO/ARNUERO

Los vecinos de la urbanización El Encinar, en la localidad de Isla, formada por 144 apartamentos y con sentencia de derribo por el Tribunal Supremo, se concentrarán el día 20 de marzo, domingo, a las 12 horas, en la Plaza del Ayuntamiento de Santander para reclamar la legalización de su situación o unas indemnizaciones de 16 millones de euros. Los vecinos creen que esta cantidad es "justa por los sufrimientos que han padecido en los últimos once años".

"El dinero saldrá de los bolsillos de los ciudadanos de Cantabria cuando no tienen que pagar los chanchullos de los políticos y empresarios que amasan fortunas a costa de víctimas inocentes", señalan los representantes de la Comunidad vecinal.

Por este motivo, los afectados exigen además que "los responsables de su perjuicio vayan a la cárcel por las decisiones que tomaron".

Los propietarios de El Encinar iniciarán en breve una campaña informativa con sus móviles, por medio de mensajes cortos, por Vizcaya, Burgos, Valladolid y Madrid con el fin de alertarles sobre lo que les puede suceder al comprar una vivienda en Cantabria, debido a la inseguridad existente.

Mensajes móviles

'Revilla no queremos calderilla', 'Sólo nos sacarán con los pies por delante' u 'Once años de martirio institucional. Vistos para sentencia', serán algunos de los mensajes que se envíen dentro de la campaña informativa por medio de los móviles. Para finalizar, los vecinos recuerdan a la justicia que ahora más que nunca está en juego el Estado de Derecho en Cantabria.


Antonio Vilela, FUNDADOR ASOCIACIÓN DE MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACIÓN

"Las instituciones sólo han tratado de culpabilizarnos""Es un paso que los jueces condenen al Gobierno y al Ayuntamiento también que se reconozcan los daños morales"

Josu. García.// Fernando. Gómez/BARAKALDO

LA UNIÓN de los afectados es fundamental para Vilela.

Antonio Vilela compró su vivienda en Argoños en 1997 y, desde entonces, invierte casi todo su tiempo libre en tratar de luchar contra lo que él considera "una terrible injusticia" que ha atrapado a cientos de familias vizcaínas.

Su última idea para combatir esta lacra: la creación de la Asociación de Maltratados por la Administración (A.M.A.).-

¿Cómo valora el colectivo que acaba de constituir el fallo que condena por primera vez a las administraciones cántabras a indemnizar por el daño moral a familias afectadas por sentencias de derribo?

-Valoramos positivamente el hecho que se condene al Gobierno cántabro y a los ayuntamientos de la situación que padecemos centenares de familias que compramos nuestra vivienda con todos los parabienes de la administración. Ellos son los únicos responsables de que nos encontremos ante esta situación. Nosotros no hicimos nada ilegal, ellos fueron los que jugaron con nuestras ilusiones y en lugar de ayudarnos, sólo han tratado de culpabilizarnos.

-Y qué piensa de la cuantía de las compensaciones.

-Es difícil cuantificar el sufrimiento humano de personas que llevan más de 10 años luchando y acostándose cada noche pensando en que su vivienda será demolida.

No obstante, creemos que las cantidades dictadas están fuera de lugar, son increíblemente escasas.

-El abogado demandante las ha calificado de 'irrisorias'.

-Estamos totalmente de acuerdo con él. Estas sentencias demuestran que la Justicia es ciega y que está totalmente alejada de la realidad social. "Sienta un precedente"

-¿Cómo afecta este caso concreto al resto de urbanizaciones condenadas y vizcaínos 'atrapados' en Cantabria?

-El Encinar siempre ha sido un espejo en el que mirarnos. Ellos fueron los primeros en ser condenados y siempre han ido marcándonos el camino. Sin duda, sienta un precedente. Aprovecho para decir que tienen toda nuestra solidaridad.

-17 urbanizaciones sentenciadas y 17 movimientos vecinales diferentes.

¿Nace su asociación con afán de unir a todos los afectados?

-Ése es uno de los objetivos.

Las circunstancias son diferentes en cada caso, pero todos nos encontramos ante la misma situación, ante el mismo y dramático horizonte. Si nos unimos vamos a tener, seguro, mucha más fuerza.

Además, la asociación está abierta a toda España. Queremos asesorar y que nuestros conocimientos sean útiles para todos los ciudadanos, ya sea en Cantabria, Vizcaya, Almería o Cádiz. Esta experiencia que hemos adquirido no puede echarse a perder.